El rostro de la intimidación; así opera el esquema de cobro de Quálitas Seguros

Ciudad Victoria, Tamps.- Un entramado de asimetría legal, presión psicológica y presuntas extorsiones a pie de carretera envuelve la operación diaria de la empresa Quálitas Compañía de Seguros en la entidad.

Lo que en el papel se promociona como un servicio de protección y amparo financiero en momentos de crisis, en la práctica se ha transformado según denuncias de usuarios y afectados en un mecanismo de cobro leonino que utiliza el miedo y la simulación de autoridad como sus principales herramientas.

​El modus operandi, señalan los testimonios, se activa de inmediato tras un hecho de tránsito. Al lugar del siniestro no solo llegan los cuerpos de emergencia, sino también los ajustadores de la aseguradora, quienes lejos de actuar como mediadores técnicos o peritos neutrales, asumen un rol inquisitivo.

Al lugar de los hechos arriban ajustadores que actúan como fiscales

​de acuerdo con las indagatorias y quejas recurrentes de ciudadanos que se han visto involucrados en percances con vehículos asegurados por Quálitas, los ajustadores de esta firma emplean tácticas de coacción psicológica que rebasan por completo sus facultades legales.

​Al no contar con la calidad moral ni la competencia jurídica de una autoridad judicial, los empleados de la aseguradora recurren a un guion de amenazas sistemáticas para doblegar a los presuntos responsables

​Con la amenaza penal, advierten de inmediato a los conductores que, de no ceder a sus condiciones, intervendrá de forma punitiva la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT).

​Afectados revelan que es un vil secuestro del patrimonio al utilizar el temor al arrastre y encierro definitivo del vehículo en los corralones oficiales como palanca de presión, asegurando que el trámite de liberación será «imposible y sumamente costoso».

​Ante esta situación como medida de presión amenazan con el despliegue de corporativos jurídicos agresivos que demandarán penal y civilmente a los ciudadanos, infundiendo un miedo paralizante para forzar acuerdos inmediatos.

​»No actúan como representantes de una empresa de servicios; actúan como extorsionadores con uniforme. Te quitan la capacidad de pensar con claridad bajo la promesa de que, si no pagas en ese instante, vas a terminar en el ministerio público y sin coche», relató uno de los afectados en la zona centro del estado.

Si eres victima de estos agentes de Quálitas seguros o presunto responsable debes cargar suficiente fectivo en mano y contar con dinero en tu aplicación de banca móvil, debido a la opacidad del cobro inmediato.

​El punto más crítico y alarmante de este esquema radica en la exigencia de pagos en efectivo directamente en el lugar del accidente. Bajo la misma presión y el entorno de estrés postraumático del choque, los ajustadores obligan a los presuntos responsables a liquidar montos fijados de manera arbitraria en ese mismo instante.

​Esta práctica vulnera cualquier principio de transparencia financiera y legal, la falta de avalúo oficial: Los montos son tasados al ojo del ajustador, buscando el máximo beneficio para la compañía y obviamente para sacar su jugosa comisión por intimidar al presunto responsable bajo la coacción del consentimiento y del pago en mano, el pago no nace de una aceptación de la culpa, sino del miedo inoculado por las amenazas del empleado.

​La entrega de dinero en efectivo a pie de calle abre la puerta a la corrupción y deja en total indefensión al ciudadano, al carecer de un proceso de facturación formal o revisión de deducibles transparente.

​Cabe señar que ante esta situación también salieron a relucir los ontratos leoninos, que se resumen en una trampa legalizada detrás del comportamiento de los ajustadores existe un respaldo estructural: las condiciones generales de las pólizas de Quálitas.

Expertos en derecho de seguros coinciden en que muchas de estas cláusulas poseen un carácter leonino es decir, que generan una ventaja desproporcionada y abusiva para solo una de las partes, estas cláusulas están diseñadas para blindar por completo las finanzas de la aseguradora, despojando de derechos tanto a sus propios usuarios como a los terceros involucrados.

Mientras el cliente paga primas puntuales esperando una defensa jurídica y cobertura total, las «letras chiquitas» permiten a la compañía lavarse las manos en situaciones de mediación, delegar la responsabilidad o, peor aún, presionar activamente a los involucrados para que el dinero salga de los bolsillos de los ciudadanos y no de las reservas de la empresa.

​El llamado a la regulación

​Ante este panorama, urge que las autoridades competentes, como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), y las propias delegaciones de vialidad locales, pongan freno al actuar de estos agentes privados.

​Un ajustador de seguros no es un juez, no es un fiscal y no tiene la facultad de decretar la culpabilidad ni el embargo de un bien. La ciudadanía exige que los procesos de deslinde de responsabilidades regresen a los cauces institucionales y transparentes, y que se sancione penalmente la intimidación que hoy por hoy parece ser el sello operativo de Quálitas en las carreteras y calles de la región.

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