Morena impulsa acceso a expedientes judiciales para personas privadas de la libertad
Por Redacción | NoticiasPC.com.mx |
Ciudad Altamira, Tamps.- La diputada federal de Morena, Blanca Araceli Narro Panameño, presentó una iniciativa de reforma para garantizar que las personas privadas de la libertad tengan acceso oportuno a copias de sus expedientes judiciales, al plantear que los jueces ordenen su entrega directamente en los centros penitenciarios. La propuesta busca fortalecer el derecho de defensa de quienes enfrentan procesos penales mientras permanecen recluidos.
La legisladora sostuvo que miles de personas en prisión preventiva enfrentan obstáculos para conocer el estado de sus causas penales, preparar recursos legales o impugnar resoluciones, debido a las limitaciones propias del internamiento.
De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen 236 mil 773 personas privadas de la libertad. De ese total, 86 mil aún no cuentan con una sentencia, lo que representa el 36.3 por ciento de la población penitenciaria. En los centros estatales, la proporción de personas sin sentencia alcanza el 37.3 por ciento, mientras que en los federales se ubica en 26.7 por ciento.
«Los datos referidos muestran que una parte significativa de la población penitenciaria mantiene procedimientos penales en curso y, por tanto, requiere condiciones efectivas para conocer el estado de sus expedientes, preparar su defensa y ejercer los medios procesales que correspondan», señaló Narro.
La iniciativa, turnada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, plantea modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Nacional de Ejecución Penal para establecer que, una vez autorizadas por el juez, las copias de los expedientes sean remitidas al centro penitenciario correspondiente por conducto de la autoridad penitenciaria.
La diputada argumentó que, si bien la legislación vigente reconoce el derecho de toda persona imputada a conocer los actos del proceso penal, en la práctica quienes permanecen en prisión enfrentan dificultades materiales para consultar sus expedientes o acceder a la documentación necesaria para ejercer plenamente su defensa.
«Tratándose de personas privadas de la libertad, las garantías previstas en los artículos 17 y 20 constitucionales requieren que la autoridad adopte medidas para superar los obstáculos propios del internamiento, ya que no permitir conocer el expediente puede impedir el ejercicio del derecho a la defensa», afirmó.
La propuesta precisa que la autoridad penitenciaria únicamente fungirá como enlace para hacer llegar al interno las copias previamente autorizadas por el órgano jurisdiccional, sin intervenir en las decisiones judiciales ni en el contenido de los expedientes.
«La autoridad penitenciaria no sustituye la función jurisdiccional ni decide sobre el contenido del expediente, sino que actúa como conducto material para hacer llegar a la persona privada de la libertad las copias autorizadas por quien conoce del procedimiento», explicó la legisladora.
Narro Panameño aseguró que la reforma busca armonizar la legislación nacional con los principios establecidos en la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y derecho a una defensa adecuada.
La legisladora por el Distrito 06 federal de Tamaulipas sostuvo que garantizar el acceso efectivo a los expedientes representa una condición indispensable para fortalecer el debido proceso y evitar que las condiciones de reclusión se conviertan en un obstáculo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas sujetas a un proceso penal.
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