Por Agustín Peña Cruz

Analizando la política criminológica que el Estado Mexicano desarrolla para hacer frente a los índices de criminalidad que azotan a la nación, puesto que resaltan como estrategia fundamental considerados en su Plan Nacional de Desarrollo obedeciendo al artículo 26 constitucional y a la Ley de Planeación; donde se focaliza mayor atención a los índices de violencia y cifras de asesinados que han llegado a niveles históricos.

Por otra parte, sobresale la dimensión del fenómeno del narcotráfico vinculado con la violencia que repercute en la vida de los ciudadanos, así como la economía por actos delincuenciales. Porque se estima que los ciudadanos no pueden salir seguros en su traslado de su casa al trabajo o viceversa, escuela o transitar libremente por las calles en un país que sé supone es libre para todos. El narcotráfico, es “una modalidad del crimen organizado, es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el conjunto de la comunidad internacional en general y algunos determinados países como, en este caso, México. Su transformación en tierras mexicanas se debe, en buena medida, a la capacidad de adaptación de esta modalidad del crimen organizado a la revolución experimentada por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, unido a diversos factores nacionales e internacionales. El impacto del narcotráfico en la sociedad y el Estado mexicano se puede advertir en las diferentes dimensiones económicas, políticas y sociales”, Molina (2018).

Dicho fenómeno promueve un análisis detallado de las políticas públicas en cuestión de la criminalidad para obtener un país dentro del estado de derecho y la paz social haciendo valer lo que está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 dentro de la estrategia Nacional de Seguridad Pública que el gobierno federal debe hacer cumplir y donde también involucra a las entidades Federativas y a los municipios con una política confiable y efectiva en razón a las problemáticas sociales para obtener la integridad, estabilidad y una permanencia con el orden constitucional.

La Estrategia de Seguridad Pública del gobierno federal se centra primordialmente en la política criminal en los rubros de la erradicación de la corrupción y la reactivación de la procuración de justicia, el respeto a los derechos humanos, una reformulación al combate de las drogas, el nuevo modelo policial, así como la prevención del delito. Con estas vertientes la política de criminalidad estaría haciendo frente a las debilidades que en materia del orden público necesita México y la sociedad para vivir en una nación que tenga seguridad en sus instituciones y poder transitar en las calles. Que el “narcotráfico es esencialmente una actividad de mercado que, como tal, necesita para funcionar un máximo de organización, porque además de los obstáculos frente a los cuales se encuentran las empresas legales en términos de líneas de producción, de transportación y comercialización, las organizaciones criminales tienen que actuar en forma clandestina y en contra de las instituciones del Estado que, en forma ideal, se encargan de perseguir y desarticular a las organizaciones criminales” (Chincoya, 2012).

Según el Gobierno de México -administración federal 2018-2014- (2019, p5) “el nuevo gobierno recibió una seguridad en ruinas y un país convertido en panteón. Los índices de violencia y las cifras de asesinatos ubican a nuestro país en niveles históricos de criminalidad y entre los países más inseguros del mundo. Los altos niveles de violencia han generado costos enormes para la economía y la sociedad”.

En esta perspectiva, se retoma que la sociedad mexicana se encuentra lastimada por la violencia y se expone que por varios años fue víctima (la sociedad) de un crecimiento exponencial de la delincuencia en diferentes modalidades, (Gobierno de México, 2019).

ERRADICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y LA REACTIVACIÓN DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Desde la perspectiva de Gobierno Federal la procuración de justicia había caído en una descomposición institucional porque radicaba la falta de integridad de servidores públicos teniendo efectos de desastre en la funcionalidad en las corporaciones policías así como las instituciones que se enfocan en la impartición de la justicia así como órganos para la vigilancia del cumplimiento de las normas puesto que los responsables caen en impunidad de cualquier clase de infracción elevando el delito al cohecho en las autoridades puesto que se resalta un” compadrazgo o amiguismo” estableciendo una red de complicidad con el intercambio de favores. Estas escalas de corrupción fortalecen al narcotráfico en gran medida, puesto que se tienen registros con la fuga de los capos en los penales, el caso más famoso fue Joaquín “El Chapo” Guzmán quien se fugó de un penal de alta seguridad; Nájar (2015) señala que, en un comunicado, el grupo advierte que el escape de Guzmán “exhibe la debilidad institucional ante la corrupción”. Por otro lado, el robo a hidrocarburos, el lavado de dinero que motivo a estrategias en las modificaciones de la fiscalización, así como el tráfico de armas. No obstante, refiere Contreras (2015, p 57) que la policía y la corrupción “se empieza a generar por desprotección social en la que se encuentran algunos funcionarios policiales que además tener un salario mensual bajo no cuentan con servicios de salud, educación o vivienda que les permitan mejorar la calidad de vida de sus familias”.

Como eje central del gobierno federal ha sido el combate frontal a la corrupción por ello se han impulsado reformas como la fiscal y el combate al robo de combustible, así como paralelo a ello, al fraude electoral. Tales delitos con el sistema de impartición de justicia en México han adquirido la prisión preventiva oficiosa porque se ha subrayado en que la impunidad afecta sin dudas a la población en general. Ante esto, desde la perspectiva federal ha estado buscando en prohibir una práctica que era común en el pasado, la adjudicación directa, se han investigado y clausurado empresas “fantasmas”, como producto de esta acción se ha vigilado a las empresas denominadas outsourcing, se ha establecido la declaración patrimonial como obligatoria a través del portal “DeclaraNet” así como la eliminación de fuero de altos funcionarios públicos. Estas acciones según el gobierno federal fomentan la colaboración intencional para erradicar los paraísos fiscales pudiendo monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones.

Con el combate al lavado de dinero en esta modalidad resalta la estrategia contra la criminalidad el uso de la inteligencia financiera y combate al crimen organizado desde el sistema económico para que este no se fortalezca como en los años que antecedieron otras administraciones que dejaban pasar estas prácticas.

En este sentido, la estrategia nacional de seguridad pública resalto las grandes diferencias de salarios “entre un agente ministerio público federal, un miembro de una institución policial federal y un juez federal, actualmente abismales, sean mínimas, dependiendo del rango y los niveles. Se requiere de una reforma histórica para que a los mejores abogados les resulte igualmente atractivo ser fiscal federal que juez federal y que sus remuneraciones y carrera no sean tan distintas; los efectivos policiales no deben quedarse muy atrás”, (Gobierno de México, 2019, p17).

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

A pesar de que el 10 de junio del 2011, se establece importantes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se resalta como prioritario la defensa de los derechos humanos adquiriendo el principio de universalidad porque ante ello la autoridad siempre ha tratado de imponer medios ilegales para incurrir en una contradicción flagrante perdiendo el respeto y la credibilidad de los funcionarios. Dichas infracciones a los derechos humanos por parte del poder público hacen que la sociedad actúe de forma desigual y que surjan conductas delictivas ante el combate de la impunidad, así como la ingobernabilidad que afecta directamente a los derechos humanos.

El violentar los derechos humanos hace que crezcan las cifras de manera exponencial y que la impunidad sea vista como una práctica normal que lacera al ciudadano y que no se esclarezcan ni se sancionan con la reparación del daño haciendo frente al abuso de la autoridad, la extralimitación en los servidores públicos y que la vulnerabilidad vaya en aumento haciendo que la misma sociedad tenga una visión de rencor a las instituciones de gobierno.

Ante esta perspectiva, el gobierno federal dentro de la política pública contra la criminalidad ha modificado las leyes haciendo que se tipifiquen como delitos los incumplimientos graves que hacen las comisiones nacionales, así como estatales relacionadas a los Derechos Humanos. Por lo que el mismo Gobierno de México, (2019, p.19) resalta que “el conocimiento de tales derechos en los procesos de formación de personal para las corporaciones policiales y militares y se difundirá la cultura de Derechos Humanos, tanto en los planes oficiales de estudio como en los instrumentos publicitarios a disposición de las distintas instancias de gobierno”.

Ante esa visión se ha puesto en marcha la erradicación de la represión y protección de los ciudadanos para que sean frenadas las prácticas de torturas y desaparición, así como asesinatos de ciudadanos en donde se vinculan a los cuerpos de seguridad pública. Puesto que se resalta que quienes cometen actos de impunidad desde el poder, sea investigado, así como cualquier denuncia de violación que tenga relación con los derechos humanos. En este mismo sentido el Gobierno de Tamaulipas (2018) establece “el programa Promoción e Institucionalización de los Derechos Humanos durante el último año se han realizado veinte cursos-talleres con el tema Políticas públicas y derechos humanos. Aportes desde la universidad, contando con la asistencia de 1, 327 personas; derivado de ello, se celebró el primer Encuentro Universitario de Derechos Humanos 2019, en Ciudad Victoria, evento que albergó la asistencia de 490 personas de distintas universidades y de la sociedad civil. Es preciso destacar que durante esta administración y en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se llevó a cabo el curso básico en línea de Derechos Humanos, contando con la participación de 2 016 servidoras y servidores públicos”, así lo da a conocer en su tercer informe de Gobierno el Gobernador de dicha entidad.

REFORMULACIÓN AL COMBATE DE LAS DROGAS

El combate a las drogas no ha reflejado avances considerables puesto que las prohibiciones son discrecionales y arbitrarias que son aplicables a la cocaína, marihuana, heroína, metanfetaminas entre otros que no afectan a las drogas que se pueden producir y comercializar como el alcohol, tabaco y cafeína entre otros. La señalada “guerra con las drogas” en vez de proyectar un avance se considerado en los últimos años como un problema de salud pública al par de una situación que se necesita hacer frente desde la retórica en seguridad pública por los grupos delincuenciales fortalecen sus células cada vez más con violencia e intolerantes estableciendo una lucha entre “plazas” para operar e internacionalizarse como el caso del cartel de Sinaloa que sus redes escalan a nivel internacional.

Por otra parte, la droga de moda “cristal”, sitúa su consumo en una problemática social, estableciendo vínculos entre salud pública y seguridad pública porque dentro del establecimiento del mercado ilícito genera mayor violencia.

Aquí radica mayor relevancia la estrategia de nacional de seguridad publica en el sentido de “cambiar de enfoque salta a la vista: la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas -masivos, pero personalizados- de reinserción y desintoxicación” (Gobierno de México, 2019, p.25). En este sentido, se resalta más énfasis atacar por la vía de la salud pública que hacer frente a los grupos criminales puesto que establecer correctamente las políticas de reinserción, así como desintoxicación contribuirá tomar otro rumbo en esta área.

NUEVO MODELO POLICIAL

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública propone que las tres órdenes de gobierno, en el marco normativo del artículo 21 Constitucional, que se tomen las condiciones, los contextos, así como las necesidades locales para poder idear un modelo integral y trasversal con enfoque en los derechos humanos, proximidad y donde resalte la participación ciudadana. Este modelo va encaminado a la construcción colectiva y la coordinación entre los cuerpos policiacos tanto federal, estatales y municipales porque estarán estandarizados en cuestión de la capacitación, profesionalización, certificación y a lo que no se ha hecho la dignificación policial. Si bien es cierto, que a pesar de en el artículo 115 constitucional en su rango de “municipio libre” inciso h), algunos no tienen la autonomía de contar con policías locales porque estos fueron vinculados con los grupos delincuenciales y considerados grupos armados paralelos del crimen organizado, en algunas entidades como Tamaulipas disponen de policías estatales quienes se encargan de salvaguardar la integridad de los ciudadanos. En este sentido, la estrategia de seguridad pública a nivel nacional subraya que “la policía más importante es la municipal, por su proximidad social y conocimiento del territorio. Nuestra apuesta será por el mejoramiento de los recursos humanos de estas corporaciones” (Gobierno de México, 2019, p.51).  Pero se resalta que tanto los elementos municipales como los estatales deben integral dicho modelo con una calidad y competencia profesional mediante el conocimiento a través de la capacitación en relación al desempeño y sus responsabilidades; por lo que los 32 estados estaría afines al modelo, capacidades y acreditación de una serie de requisitos para su integración porque contribuiría a las acciones de la coordinación interinstitucional de las tres órdenes de gobierno.

La finalidad de este modelo encamina a la prevención de la violencia y la delincuencia con la participación ciudadana, tanto en el equipamiento y la construcción de infraestructura física para poder hacer frente a los infractores además de que encamina a contar con base de datos que sean eficientes para la seguridad pública. En lo que respecta a Tamaulipas se desarrolló la “Plataforma Integral de Información de Tamaulipas (PIITAM). Se creó en enero de 2018 y contiene mapas interactivos y con información estadística relacionada con la incidencia delictiva, en el que se identifican los municipios y colonias con mayor actividad delictiva. Además, cuenta con documentos de análisis y estudios en materia de seguridad que contribuyen al desarrollo de políticas públicas encaminadas a mejorar la seguridad y facilitar la toma de decisiones” (Gobierno de Tamaulipas, 2018, p.54).

PREVENCIÓN DEL DELITO

Como prevención del delito en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se resalta una amplia política de prevención y participación. Puesto que es mediante estos dos ejes por los cuales se puede hacer frente a los grupos que generan violencia y el restablecimiento de los derechos promoviendo el bienestar de la sociedad. Se tiene claro que para los problemas de inseguridad la reconstrucción de la legitimación en las instituciones que se encargan de coordinar la seguridad pública y la impartición de justicia ante la población deben de generar acciones de preventivas que vayan directamente a la desarticulación de los actos delictivos.

La política de prevención según el Gobierno de México (2019, p.54) facilitar el acceso de las personas a salud, educación, trabajo y vivienda, entre otros satisfactores; promueve la cultura de la legalidad y la ética pública, así como la movilización de la comunidad en torno a la solución pacífica de sus conflictos y problemas de inseguridad así como permite sentar las bases para la reconciliación entre la sociedad y las instituciones encargadas de brindar seguridad y procurar e impartir justicia. Por otra parte, paralelo a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para hacer frente a la criminalidad el Gobierno de Tamaulipas (2018, p.53) tiene el firme compromiso de reducir los delitos en la entidad, a fin de construir un entorno de paz y armonía para la ciudadanía; es por ello que se establecen estrategias encaminadas en prevenir los delitos.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública como política criminal se enfoca esencialmente en el combate a la corrupción dentro de las filas de las corporaciones policías pero también en la profesionalización otro aspecto que resalta es el reconocimiento que el criminen organizado ha sobrepasado las instituciones y que la vía correcta y efectiva no es hacer frente a una denominación de “guerra contra las drogas” sino más bien hacer frente en políticas públicas en materia de salud así como acciones de prevención donde resalta la participación ciudadana como eje principal.

Además, fortalece el cumplimiento del artículo 21 constitucional en la que los municipios deben hacerse responsables y formar parte de la política de criminalidad, puesto que así se los faculta en el artículo 115 constitucional inciso h, puesto que a pesar de tener la autonomía para la seguridad publica en algunos estados los municipios están limitados. Sin embargo, con la política de seguridad pública para abatir la criminalidad profesionalizando a los servidores públicos en materia de prevención del delito con la policía en acciones de proximidad, así como la capacitación sobre las responsabilidades es un factor clave que tendrá un mejor rumbo el fortalecimiento de las instituciones al momento de implementar acciones y sanciones a los infractores de algún tipo de delito.

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