Acusan a Alejandro Castellanos de condicionar programa alimentario en Tamaulipas 

Por Agustín Peña Cruz | NoticiasPC.com.mx |

Ciudad Altamira, Tamps.– Un grupo de beneficiarios del programa estatal «Alimentando tu Bienestar» denunció presuntas irregularidades en la asignación de despensas, al asegurar que el acceso al apoyo alimentario estaría siendo condicionado a la interacción favorable con publicaciones en redes sociales de un funcionario, una práctica que, de confirmarse, podría constituir un uso indebido de recursos públicos y vulnerar los principios de imparcialidad que rigen los programas sociales.

La denuncia fue presentada por Gabina Juárez Estrada, quien afirmó que al menos entre 13 y 15 familias habrían sido excluidas del padrón de beneficiarios después de negarse a reaccionar con «likes» o emitir comentarios positivos en la página personal de Alejandro Castellanos, a quien identifica como responsable de la decisión.

De acuerdo con su testimonio, el problema surgió pese a que los afectados habían cumplido previamente con los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN), dependencia responsable de operar el programa estatal de asistencia alimentaria.

«He escuchado que nos quitaron la despensa porque no le doy ‘like’. Son órdenes de él que ya no nos van a dar la despensa», declaró Juárez Estrada durante la entrevista.

La denunciante explicó que tanto ella como otros beneficiarios acudieron a entregar documentación oficial, fueron fotografiados para integrar el padrón y recibieron la indicación de esperar el llamado para recoger su credencial correspondiente. Sin embargo, esa convocatoria nunca llegó.

«Nos tomaron la foto, nos pidieron la papelería y dijeron que después nos llamarían por la credencial. Nunca nos hablaron», señaló.

Según su versión, el criterio que originalmente determinaba la entrega del apoyo —basado en estudios socioeconómicos— habría sido desplazado por una condición distinta: demostrar respaldo público al funcionario mediante redes sociales.

«Ahorita en Facebook tiene uno que darle ‘like’ y hablar bien de Alejandro junto con Marcelo. Así sí hay entrega de despensa; si no, no hay», sostuvo.

La acusación plantea que las evaluaciones socioeconómicas realizadas por las autoridades quedarían sin efecto frente a decisiones atribuidas al coordinador local del programa, lo que, afirmó, deja en estado de vulnerabilidad a familias que dependen del apoyo alimentario.

«El estudio socioeconómico ya no tiene validez; es a voluntad personal de Alejandro», expresó.

Juárez Estrada indicó que las familias afectadas habían sido beneficiarias del programa durante el año anterior y que este mismo año fueron nuevamente convocadas para actualizar su expediente, lo que hacía prever la continuidad del apoyo.

«El año pasado también fuimos beneficiarios. Este año nos hablaron para tomarnos la fotografía y después supimos que, por órdenes de Alejandro, ya no nos entregarían la despensa», afirmó.

Aunque reconoció mantener una relación cordial con el funcionario señalado, dijo desconocer las razones por las que presuntamente fue excluida del programa.

«Yo con Alejandro la llevo bien. No sé por qué motivo haya hecho eso conmigo; realmente me causa mucha rareza», comentó.

Frente a esta situación, la entrevistada hizo un llamado directo al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya para que se investiguen los hechos y, en su caso, se determinen responsabilidades.

«El gobernador es el principal que debe saber cómo está todo aquí», expresó.

Asimismo, pidió al funcionario señalado reconsiderar la situación de las familias que, asegura, fueron retiradas del padrón sin explicación oficial.

«Que recapacite, porque hay muchas personas que realmente necesitan ese apoyo», manifestó.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente escrutinio sobre la utilización de programas sociales en periodos previos a procesos electorales. En nuestro país, el artículo 134 de la Constitución establece que los recursos públicos deben administrarse con imparcialidad, sin influir en la competencia entre actores políticos, mientras que el artículo 108 fija responsabilidades para los servidores públicos por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

De comprobarse que un programa financiado con recursos públicos fue utilizado para obtener promoción personal o respaldo político en plataformas digitales, podrían actualizarse supuestos relacionados con el presunto desvío de recursos públicos y el uso indebido de programas gubernamentales con fines de posicionamiento político rumbo al proceso electoral de 2027.

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