Liberan a conductor ebrio que arrolló a comerciante en Altamira; acusan corrupción en la Fiscalía
Ciudadanos exigen justicia para Cinthia N., madre de familia con graves lesiones tras ser embestida por automovilista presuntamente alcoholizado.
Por José Juan Tomás | Noticiaspc.com.mx |
Altamira, Tamps.– La presunta corrupción en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ha provocado indignación ciudadana, luego de que un conductor en aparente estado de ebriedad, señalado por arrollar a una mujer comerciante, fuera puesto en libertad sin que se le fincaran responsabilidades legales ni económicas.
El hecho ocurrió el pasado domingo por la mañana en el fraccionamiento Los Prados de este municipio, en la intersección de las calles Jardín Dorado y Jardín Poniente. Cinthia N., madre de tres menores, se encontraba vendiendo sus productos cuando fue impactada por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad. Según testigos y grabaciones de cámaras de vigilancia, el conductor mostraba evidentes signos de intoxicación.
La víctima, de 45 años, sufrió múltiples fracturas y una semiamputación en una de sus piernas. Actualmente se encuentra internada en el Hospital San Juan Pablo II, donde médicos intentan salvar sus extremidades. Su estado de salud es delicado, y los costos médicos ya superan los 60 mil pesos.
A pesar de los testimonios y la evidencia en video, el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Segunda, ubicada en la colonia La Pedrera, liberó al conductor argumentando que “no había pruebas suficientes” para procesarlo. La decisión ha sido duramente cuestionada, al considerar que el caso muestra un patrón de negligencia e impunidad por parte de las autoridades.
En redes sociales, ciudadanos altamirenses han comenzado a organizarse para exigir justicia en el caso, responsabilizando a la Fiscalía estatal de proteger al agresor y de permitir que este eluda los gastos médicos derivados del incidente.
Mientras tanto, la familia de Cinthia N. hace un llamado a la solidaridad ciudadana y a las autoridades estatales para que se reabra el caso, se castigue al responsable y se garantice la reparación integral del daño.
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