Senado aprueba reforma agraria para garantizar derechos de mujeres rurales mexicanas
Por Staff | NoticiasPC.com.mx |
CDMX.— Las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron por unanimidad un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, con el propósito de saldar una deuda histórica con las mujeres del campo, en particular con aquellas pertenecientes a comunidades rurales e indígenas.
La propuesta integra iniciativas impulsadas por la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, así como por la senadora Susana Harp Iturribarría y el senador Moisés Ignacio Mier Velazco, en un esfuerzo legislativo que busca consolidar el reconocimiento pleno de los derechos agrarios de las mujeres en México.
Durante la discusión, la senadora Sosa subrayó que la reforma no se limita a un ajuste técnico del lenguaje jurídico, sino que atiende una omisión estructural que durante décadas ha restringido el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y a la toma de decisiones dentro de los núcleos agrarios. “No solo corrige el lenguaje de la ley, sino que corrige una omisión histórica que ha limitado el acceso de las mujeres a la tierra, a la propiedad y a la toma de decisiones en sus comunidades”, afirmó.
Pese a su participación activa en la producción agrícola y en la sostenibilidad de las comunidades, las mujeres han enfrentado obstáculos persistentes para acceder a la titularidad de la tierra y a los órganos de gobierno ejidal. En este contexto, la legisladora enfatizó que hablar de justicia agraria implica necesariamente avanzar hacia una igualdad sustantiva.
“No puede haber desarrollo rural sin mujeres con derechos plenos, sin acceso a la tierra y sin participación en las decisiones que transforman sus comunidades”, sostuvo.
El dictamen contempla avances relevantes, entre ellos la incorporación de lenguaje incluyente en toda la Ley Agraria, el reconocimiento de las mujeres como sujetas plenas de derechos, y la protección de los derechos patrimoniales de cónyuges y concubinas en la enajenación de parcelas. Asimismo, establece mecanismos de compensación económica y fortalece el programa “Mujeres por el Acceso a la Tierra” como una política pública de alcance nacional.
También se incorpora la perspectiva de género en procesos clave como la titularidad, la sucesión y la participación en los órganos ejidales, lo que, de acuerdo con las y los legisladores, permitirá cerrar brechas históricas de desigualdad en el ámbito rural.
La reforma, además, armoniza la Ley Agraria con el artículo 4° constitucional y con compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reforzando el marco jurídico en favor de la igualdad.
Para sus impulsores, el dictamen representa un punto de inflexión en la política agraria nacional. “Es un paso firme hacia un campo más justo, donde las mujeres dejen de ser invisibles y se conviertan en protagonistas del desarrollo”, concluyó Sosa Ruíz.
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