Senadores de Morena respaldan reforma de Sheinbaum contra pensiones doradas
Por Agustín Peña Cruz | Noticiaspc.com.mx |
CDMX.- El pleno del Senado de la República aprobó la reforma al artículo 127 de la Constitución Política enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de establecer límites a las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos y evitar lo que el oficialismo ha denominado “pensiones doradas”.
Durante la discusión del dictamen, la senadora tamaulipeca Olga Patricia Sosa Ruíz manifestó el respaldo del grupo parlamentario de Morena a la iniciativa presidencial, al considerar que representa un paso hacia la consolidación de un sistema pensionario más equitativo y acorde con los principios de austeridad republicana que el gobierno federal ha impulsado en los últimos años.
La legisladora sostuvo que la reforma busca corregir distorsiones históricas en los esquemas de retiro de ciertos organismos públicos que, con el paso del tiempo, derivaron en pensiones elevadas financiadas con recursos del erario. En ese sentido, subrayó que el objetivo central es asegurar que las jubilaciones cumplan con su función social sin convertirse en privilegios sostenidos por el presupuesto público.
“Con esta reforma avanzamos hacia un sistema más justo, donde las pensiones cumplan su función social sin convertirse en privilegios financiados por el pueblo”, expresó Sosa Ruíz durante su intervención en la tribuna del Senado.
La modificación constitucional establece que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas y entidades paraestatales no podrán superar la mitad de la remuneración correspondiente a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. Con ello, se pretende ordenar el sistema pensionario que depende directamente de recursos del Estado.
De acuerdo con los argumentos presentados durante el debate legislativo, la medida busca garantizar un manejo más responsable de las finanzas públicas, evitando que ciertos regímenes especiales continúen generando presiones presupuestarias para las instituciones gubernamentales.
La senadora tamaulipeca señaló que la pensión debe entenderse como un derecho derivado del trabajo a lo largo de la vida laboral, pero advirtió que ese derecho no debe distorsionarse hasta convertirse en una carga excesiva para el erario.
“La pensión es un derecho que reconoce el esfuerzo de las y los trabajadores a lo largo de su vida laboral, pero no puede convertirse en un privilegio pagado con recursos públicos que pertenecen a todas y todos los mexicanos”, afirmó.
Sosa Ruíz destacó que la reforma forma parte de la agenda legislativa que acompaña el proyecto político impulsado por el actual gobierno federal, el cual —dijo— ha puesto en el centro la austeridad, la justicia social y la responsabilidad financiera como pilares del manejo del gasto público.
En su posicionamiento, la legisladora vinculó la iniciativa con el proceso político conocido como la Cuarta Transformación, señalando que las reformas impulsadas en los últimos años han buscado fortalecer programas sociales y ampliar derechos para sectores históricamente vulnerables.
“La cuarta transformación se ha caracterizado por los programas de bienestar, los derechos que hemos votado, logrado y conquistado. Lo que queremos es seguir logrando que más mexicanas y mexicanos salgan de la pobreza y que haya menos pensiones millonarias”, enfatizó.
El debate en el Senado se dio en un contexto de revisión más amplia del sistema de remuneraciones del sector público, particularmente en lo que respecta a los beneficios de retiro otorgados en organismos del Estado. Legisladores de Morena argumentaron que durante décadas algunos regímenes pensionarios se diseñaron con beneficios superiores a los que recibe la mayoría de los trabajadores del país.
En ese sentido, Sosa Ruíz mencionó que la reforma también responde a la necesidad de corregir desequilibrios que se han presentado en instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex) o en el esquema que en su momento operó en la extinta empresa pública Luz y Fuerza del Centro, donde los compromisos pensionarios han representado presiones financieras significativas para el Estado.
De acuerdo con la senadora, el nuevo límite constitucional permitirá establecer un marco más claro para el otorgamiento de pensiones dentro del sector público, evitando casos en los que los montos superan ampliamente el ingreso promedio de la población.
El dictamen aprobado por el Senado deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para su eventual promulgación y entrada en vigor, una vez que sea ratificado por la Cámara de Diputados y posteriormente por la mayoría de los congresos estatales, como lo establece el procedimiento para las reformas constitucionales.
Para los legisladores oficialistas, la modificación al artículo 127 busca reforzar la coherencia entre el discurso de austeridad gubernamental y la estructura de remuneraciones del sector público, garantizando que los recursos del Estado se orienten prioritariamente al financiamiento de programas sociales, infraestructura y servicios públicos.
En palabras de la senadora Olga Sosa Ruíz, la reforma pretende consolidar un principio que, desde su perspectiva, debe regir el manejo de los recursos públicos: asegurar pensiones dignas para quienes han dedicado su vida al servicio del Estado, pero sin permitir que estas se conviertan en privilegios desproporcionados financiados por el presupuesto de la nación.
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