Enfoque Sociopolítico | Morena ante el reto de depurar sus filas

Por Agustín Peña Cruz*
El proceso electoral de 2027 ya comenzó formalmente y con él también empieza una etapa en la que los partidos políticos tendrán que demostrar si están dispuestos a someter sus intereses internos a una exigencia mayor: preservar la credibilidad de las instituciones democráticas.

El Instituto Nacional Electoral inició el 10 de septiembre el Proceso Electoral Federal 2026-2027, en el que se renovarán las 500 diputaciones federales. La jornada electoral está prevista para el 6 de junio de 2027 y, paralelamente, se desarrollarán elecciones locales en las 32 entidades federativas. 

Ante este panorama, Morena enfrenta una disyuntiva que no es exclusivamente electoral. Si pretende llegar fortalecido a 2027, tendrá que revisar con mayor rigor quiénes pueden representar sus siglas y, sobre todo, qué tipo de vínculos, antecedentes o cuestionamientos pueden convertirse en una amenaza para la legitimidad de sus candidaturas.

No se trata de afirmar que una persona es delincuente porque ha sido señalada públicamente. Esa distinción es fundamental en un Estado constitucional. El artículo 20 de la Constitución establece la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine responsabilidad. Por ello, una acusación, una investigación ministerial o una versión periodística no pueden convertirse, por sí mismas, en una condena anticipada.

Pero tampoco puede utilizarse la presunción de inocencia como argumento para impedir cualquier escrutinio político.

Ahí se encuentra uno de los dilemas más delicados de la democracia mexicana: investigar sin condenar; transparentar sin prejuzgar; depurar sin utilizar las instituciones para eliminar adversarios.

Morena, como cualquier otro partido, tiene una responsabilidad que trasciende sus estatutos. El artículo 41 constitucional define a los partidos políticos como entidades de interés público y establece que deben contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso ciudadano al poder mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

La consecuencia política es palpable: un partido no puede limitarse a ganar elecciones. También debe cuidar la calidad de quienes postulan.

Por eso sería deseable que, antes de definir candidaturas, exista una revisión institucional suficientemente sólida que permita identificar riesgos, conflictos de interés, posibles vínculos con organizaciones criminales y cualquier elemento que pudiera comprometer el ejercicio del cargo. Esa revisión debe involucrar, dentro de sus respectivas competencias legales, a los partidos, autoridades electorales y autoridades ministeriales.

Pero hay que ser precisos: el INE no es una fiscalía y la Fiscalía General de la República no es un órgano partidista. Cada institución tiene atribuciones distintas. El reto consiste precisamente en construir mecanismos legales de coordinación e intercambio de información que respeten las competencias, el debido proceso, la protección de datos y los derechos político-electorales.

La propia legislación electoral establece requisitos específicos para acceder a candidaturas federales. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla, entre otros aspectos, condiciones de elegibilidad y restricciones relacionadas con determinados cargos y condenas. 

El reto de 2027 será ir más allá de cumplir mecánicamente los requisitos formales.

Porque una candidatura puede ser legalmente registrable y, al mismo tiempo, políticamente inconveniente.

Ese es precisamente el espacio donde debe actuar la responsabilidad interna de los partidos.

Y Morena no es la excepción.

Durante años, las distintas fuerzas políticas se han acusado mutuamente de mantener relaciones incómodas con grupos de poder, intereses económicos o estructuras criminales. El problema es que, cuando todos utilizan la misma acusación contra todos, la denuncia termina perdiendo fuerza y la ciudadanía queda atrapada en una especie de competencia de sospechas.

El viejo argumento de “el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra” puede funcionar como metáfora política, pero no como criterio de Estado.

México necesita algo más serio: pruebas, investigaciones, resoluciones y transparencia.

También existe una dimensión internacional que no puede ignorarse. La relación con Estados Unidos se ha vuelto particularmente sensible frente a las posiciones de Donald Trump y a la presión que Washington puede ejercer en asuntos de seguridad, migración, comercio y combate al crimen organizado. Pero una cosa es reconocer la influencia inevitable de la relación bilateral y otra aceptar que las decisiones políticas mexicanas deban dictarse desde el exterior.

La defensa de la soberanía no consiste en cerrar los ojos ante señalamientos provenientes de Estados Unidos. Consiste en que México tenga instituciones suficientemente fuertes para investigar por sí mismo aquello que deba investigarse y tomar decisiones con base en sus propias leyes.

El riesgo mayor sería que la lucha contra la delincuencia organizada terminará convirtiéndose en un instrumento de intervención política, ya sea nacional o extranjera.

Por eso 2027 debería obligar a elevar el nivel del debate.

El INE ya ha proyectado que la elección debe organizarse bajo criterios de certeza, transparencia y profesionalismo. Pero la calidad democrática no depende únicamente de las autoridades electorales. También depende de los partidos, de las fiscalías, de los candidatos, de los medios y, finalmente, de los ciudadanos.

Morena tiene una oportunidad particular. Si llega a 2027 con una política seria de revisión de perfiles, transparencia y rendición de cuentas, podría convertir la depuración interna en una fortaleza política. Si, por el contrario, protege a personajes cuestionados únicamente por conveniencia electoral, el costo no será solamente para el partido.

Será para la credibilidad del sistema.

La democracia mexicana no necesita candidatos perfectos. Necesita instituciones capaces de distinguir entre una acusación y una sentencia, entre una investigación y una condena, entre una presión extranjera y una decisión soberana.

Y, sobre todo, necesita partidos dispuestos a entender que ganar una elección no significa ganar el derecho a ignorar las dudas de la sociedad.

En 2027, la verdadera competencia no será únicamente por los votos. Será también por la confianza.

Y esa confianza, una vez perdida, difícilmente se recupera con propaganda

Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es agustin@noticiaspc.com.mx

 * El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Pasante de la Licenciatura en Derecho, Periodista investigador independiente y catedrático.

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