DIF Altamira restablece derechos de alumno tras conflicto escolar
Por Agustín Peña Cruz | NoticiasPC.com.mx |
Ciudad Altamira, Tamps.- La prevención y el diálogo entre padres de familia, maestros, alumnos y autoridades deben ser la primera línea de defensa frente a conflictos que puedan vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes, afirmó Francisca Arteaga, delegada municipal de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema DIF Altamira.
La funcionaria explicó que la Procuraduría mantiene un trabajo directo con instituciones educativas para identificar problemáticas antes de que escalen y brindar herramientas tanto a las comunidades escolares como a las familias.
“Estamos trabajando con las instituciones. Apostándole a la prevención”, señaló Arteaga al referirse a las actividades desarrolladas recientemente en planteles de educación primaria y preescolar.
La estrategia, explicó, involucra a los principales actores de la comunidad educativa: padres de familia, alumnos, maestros e instituciones. El objetivo es que los planteles conozcan los mecanismos de atención y recurran a la Procuraduría cuando enfrenten situaciones que puedan afectar a los menores.
Arteaga llamó a directores y docentes a identificar oportunamente las problemáticas que surjan dentro de sus escuelas y comunicarlas a las autoridades de protección infantil.
“Que tengan identificada la problemática de su escuela y que nos hagan saber esa información para nosotros preparar la información y llevarla precisamente a los alumnos o incluso a los padres de familia”, expresó.
La funcionaria subrayó que la participación de los padres también resulta indispensable, particularmente cuando se pretende impartir información preventiva a los estudiantes. Consideró necesario explicar a las familias el contenido y propósito de las actividades para evitar resistencias y conseguir su participación.
Uno de los casos recientes atendidos por la Procuraduría ocurrió en la escuela primaria “Amado Nervo” del Sector La Pedrera, donde se cuestionó una decisión relacionada con la reducción del horario escolar de un alumno y se señaló un posible contexto de discriminación y afectación emocional.
Arteaga informó que el conflicto fue atendido mediante la comunicación entre los padres, las autoridades del plantel y las instituciones involucradas. Finalmente, se alcanzó un acuerdo y se establecieron medidas de seguimiento.
“Encontramos, gracias a Dios, un punto de acuerdo. Pudimos establecer puntos precisamente de seguimiento”, afirmó.
Respecto de la legalidad de modificar el horario de un estudiante, la procuradora fue enfática en señalar que cualquier determinación de una institución educativa debe sujetarse al interés superior de la niñez.
“Todas las instituciones que no privilegian el interés superior violan los derechos”, sostuvo.
Precisó que pueden existir circunstancias en las que sea necesario realizar ajustes dentro de un plantel, pero esas decisiones deben sustentarse en criterios profesionales y nunca perder de vista la protección integral del menor.
En el caso de la primaria, consideró que la decisión originalmente planteada “no era debida”, aunque resaltó que la intervención institucional permitió corregirla oportunamente y restablecer el derecho del estudiante.
“En tiempo se atendió y ya se restablece el derecho”, afirmó.
Arteaga también señaló que, cuando las determinaciones escolares afectan los derechos de un menor y no son respetadas las medidas de protección correspondientes, los padres tienen vías de acción y pueden solicitar el acompañamiento de la Procuraduría.
Aunque defendió el uso de los mecanismos legales, sostuvo que la primera alternativa debe ser el diálogo.
“Siempre trato de privilegiar la vía del diálogo. Siempre vamos a apostarle a la plática como mejor opción para dar solución a conflictos”, explicó.
La recomendación para las familias es acudir a las instituciones protectoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes, buscar la comunicación con las autoridades educativas y agotar esa instancia antes de que un conflicto escale.
“El acercamiento, el diálogo, la comunicación con las autoridades educativas” permiten, dijo, buscar una solución más rápida y “menos lesiva a los intereses de las personas menores de edad”.
Para la Procuraduría, el objetivo no se limita a intervenir cuando un derecho ya fue vulnerado. El énfasis, insistió Arteaga, es fortalecer la prevención para que las comunidades escolares sepan detectar riesgos, actuar oportunamente y colocar en el centro de sus decisiones el interés superior de la niñez.
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