FGR desarticula red de huachicol fiscal con alcance en seis estados
Por Staff | NoticiasPC.com.mx |
CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró haber desarticulado parte de una red dedicada al contrabando, distribución y lavado de dinero mediante el ingreso ilegal de hidrocarburos a México, una operación que, de acuerdo con la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, involucró a servidores públicos, empresas legalmente constituidas y una estructura financiera con presencia en al menos seis entidades.
El anuncio ocurrió en el marco de la expulsión de Argentina y traslado a México de Fernando N., un exservidor público señalado por la Fiscalía como presunto integrante de la organización. Tras su llegada al país, será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en el Altiplano, y quedará a disposición del juez de control que ordenó su captura.
Godoy explicó que las investigaciones comenzaron en 2024, después de que la Secretaría de Marina entregara a la entonces titularidad de la FGR indicios sobre las operaciones de la red.
La investigación cobró fuerza en marzo de 2025, cuando autoridades aseguraron en Altamira, Tamaulipas, un buque con aproximadamente ocho millones de litros de hidrocarburo. Días después, el gabinete de seguridad detectó una operación similar en Ensenada, Baja California, donde fue asegurado un segundo buque con cerca de ocho millones de litros de combustible.
La FGR reconstruyó entonces un esquema que, según la fiscal, utilizaba buques tanque para introducir hidrocarburos a puertos como Tampico y Ensenada, declarando los productos como aceites o aditivos para evadir impuestos.
“Esto para evadir impuestos”, señaló Godoy al explicar el mecanismo empleado por la organización.
El combustible era posteriormente transportado y distribuido mediante empresas formalmente constituidas. Algunas, de acuerdo con la investigación, participaban en la comercialización de los derivados del petróleo en estaciones de servicio, mientras otras habrían sido utilizadas para lavar los recursos obtenidos ilícitamente.
La Fiscalía también identificó presuntas irregularidades en los procedimientos aduaneros. Con apoyo de inteligencia, detectó revisiones y pedimentos manipulados, además de la participación de agentes aduanales que presuntamente facilitaron la descarga del combustible, realizaron inspecciones simuladas y alteraron volúmenes y muestras del producto.
El entramado, según las autoridades, tuvo operaciones en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México, mientras las nuevas órdenes de aprehensión abarcan a personas relacionadas con la distribución en seis estados.
La investigación derivó hasta ahora en la detención de 16 personas, incluido Fernando N. Godoy precisó que entre los detenidos se encuentran 12 exservidores públicos.
El golpe económico también ha sido significativo. La FGR calcula que la afectación a la organización criminal supera los 340 millones de pesos, únicamente por los hidrocarburos recuperados. Además, fueron aseguradas 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles.
La captura de Fernando N. fue resultado de una operación de inteligencia y cooperación internacional. La FGR activó una ficha roja de Interpol después de obtener la orden de aprehensión. El 23 de abril se informó que había sido localizado en Argentina y, el 21 de mayo, la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales solicitó formalmente su extradición a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Las autoridades argentinas autorizaron posteriormente su entrega y representantes de la FGR viajaron para trasladarlo a México. Godoy destacó también la cooperación de Estados Unidos y de las autoridades argentinas.
Sin embargo, la Fiscalía advirtió que el caso no concluye con las detenciones. Las investigaciones continúan para identificar a accionistas, apoderados legales, socios y presuntos prestanombres vinculados con la estructura.
“He instruido que los trabajos de investigación continúen con rigor y con profundidad”, afirmó Godoy.
La fiscal sostuvo que el objetivo es impedir que los recursos derivados del contrabando de combustibles terminen en manos de particulares o financien otras actividades criminales.
“Donde haya impunidad habrá investigación y donde hay crimen habrá consecuencias”, concluyó.
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