Plantea Olga Sosa reconocer y proteger a víctimas indirectas de feminicidio
Por Staff | NoticiasPC.com.mx |
CDMX.- La senadora Olga Sosa Ruíz presentó ante el Senado de la República una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley General de Víctimas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de reconocer de manera expresa y garantizar la protección integral de las víctimas indirectas de feminicidio.
La propuesta legislativa busca establecer el reconocimiento automático de hijas, hijos y personas dependientes de mujeres víctimas de feminicidio, a fin de asegurar que reciban atención y medidas de protección de forma inmediata, sin necesidad de esperar una sentencia firme. Con ello, se pretende reducir los vacíos normativos que actualmente dificultan el acceso oportuno a apoyos institucionales.
En la exposición de motivos, la legisladora subrayó que la iniciativa se sustenta en los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en el artículo 1°, que establece la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como en el artículo 4°, que protege a la familia y prioriza el interés superior de la niñez.
Sosa Ruíz enfatizó que el feminicidio, como forma extrema de violencia contra las mujeres, no solo priva de la vida a la víctima directa, sino que genera consecuencias profundas en su entorno familiar, especialmente en niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan afectaciones emocionales, educativas y económicas que comprometen su desarrollo integral.
Si bien la legislación vigente reconoce a familiares como víctimas indirectas, la senadora advirtió que en la práctica persisten omisiones, particularmente en casos donde existen menores dependientes, lo que ha derivado en respuestas institucionales desiguales, obstáculos administrativos e incluso procesos de revictimización.
Ante este panorama, la iniciativa plantea garantizar medidas de protección integral que incluyan atención psicológica especializada, continuidad educativa, acompañamiento jurídico y acceso prioritario a programas sociales, con el objetivo de restituir derechos y evitar escenarios de abandono institucional.
El proyecto retoma además criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, donde se determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de prevención y sanción de feminicidios, así como su obligación de reparar integralmente a las víctimas y sus familias.
Asimismo, se alinea con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha establecido que las víctimas de violaciones graves a derechos humanos deben acceder a una reparación integral del daño, que contemple medidas de restitución, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición.
La iniciativa también contempla fortalecer la coordinación interinstitucional mediante su vinculación con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con el fin de articular una respuesta eficaz entre autoridades y asegurar la protección, asistencia y reparación de quienes resultan afectados por este delito.
Con esta propuesta, la legisladora busca consolidar un enfoque de género en la política pública, garantizar el interés superior de la niñez y avanzar en la construcción de mecanismos que rompan el ciclo de violencia, abandono y desprotección que enfrentan las familias de víctimas de feminicidio en el país.
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