Enfoque Sociopolítico: Pruebas, no rumores, en la disputa por el poder
Por Agustín Peña Cruz*
México comienza a entrar en una etapa política en la que las aspiraciones electorales volverán a ocupar espacios cada vez mayores en la conversación pública. En Tamaulipas, el proceso electoral ordinario 2026-2027 ya se encuentra en preparación y el IETAM ha confirmado que estarán en juego los 43 ayuntamientos del estado.
Que ciudadanos, partidos y grupos políticos comiencen a mover sus piezas es parte natural de una democracia. La Constitución reconoce, en sus artículos 34 y 35, la ciudadanía y los derechos de votar y ser votado. Pero una cosa es tener el derecho a competir y otra, muy distinta, contar con la preparación necesaria para ejercer una responsabilidad pública.
Ahí está uno de los grandes retos que debería discutirse antes de que las campañas entren de lleno en escena: la capacidad técnica de quienes pretenden gobernar o legislar.
Para 2027 se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El país necesita legisladores capaces de comprender el proceso mediante el cual se construyen, modifican, derogan y armonizan las normas jurídicas. No se trata de exigir que todos los candidatos sean abogados. Se trata de algo más elemental: que quienes aspiren a elaborar leyes conozcan la responsabilidad que implica hacerlo.
Una norma mal diseñada puede generar contradicciones, vacíos de regulación o dificultades para su aplicación. Y esas deficiencias no permanecen encerradas en el papel: terminan repercutiendo en la administración pública y, en última instancia, en los ciudadanos.
Pero existe otra responsabilidad que debe caminar paralela: la de quienes comunican.
Los artículos 6 y 7 constitucionales protegen la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de difusión, pero esos derechos no son una licencia para atropellar los derechos de terceros. La propia Constitución establece límites cuando se afectan la vida privada, los derechos de terceros o se incurre en conductas previstas por la ley.
En materia electoral, además, la legislación establece reglas específicas. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la propaganda y los mensajes de precampaña y campaña deben sujetarse al marco constitucional y contempla restricciones frente a expresiones que calumnien, discriminen o constituyan violencia política contra las mujeres por razón de género. También reconoce el derecho de réplica frente a información que deforme hechos o situaciones relacionadas con las actividades de candidatos y partidos.
Por eso, en política y periodismo hay una palabra que debería recuperar su valor: prueba.
No basta con decir. No basta con insinuar. No basta con repetir aquello que alguien escuchó de alguien más.
Una acusación pública que puede destruir una reputación exige algo más que la velocidad de las redes sociales: requiere verificación, corroboración y, cuando se trate de hechos documentables, respaldo documental.
El rumor puede ser políticamente rentable durante algunas horas, pero es socialmente corrosivo. Las medias verdades pueden parecer sofisticadas; siguen siendo una forma de desinformación cuando deliberadamente ocultan elementos indispensables para comprender un hecho.
Y aquí también deben mirarse los llamados activistas sociales. La participación ciudadana es legítima y necesaria, pero cuando una organización o persona tiene una militancia partidista o intereses políticos, debe existir transparencia suficiente para que la sociedad conozca desde dónde habla. La crítica política no pierde legitimidad por tener una posición; pierde credibilidad cuando pretende presentarse como neutral mientras utiliza la denuncia como instrumento de propaganda.
Michel Foucault ofrece una referencia útil para comprender el problema del poder. En Vigilar y castigar, publicado originalmente en 1975, analiza cómo la vigilancia, la disciplina, los registros y los mecanismos de control participan en la organización de las sociedades modernas. Foucault estudió procesos históricos desarrollados, entre otros periodos, entre los siglos XVI y XIX.
La reflexión puede trasladarse, con cautela, al presente: hoy el poder no necesita necesariamente de un castigo físico para afectar a una persona. Una campaña de desprestigio sostenida, amplificada por medios y redes sociales, puede producir consecuencias políticas antes de que exista siquiera una oportunidad real de responder.
Y ahí aparece el dilema democrático: ¿estamos evaluando a los candidatos por sus resultados y capacidades o por la imagen que alguien consiguió fabricar de ellos?
También conviene discutir propuestas como exámenes de confianza, declaraciones patrimoniales transparentes y, cuando jurídicamente proceda y existan reglas generales aplicables, mecanismos de evaluación que permitan conocer mejor la integridad de quienes aspiran a cargos públicos. En el caso de pruebas toxicológicas o antidopaje, no deberían convertirse en instrumentos arbitrarios de exclusión política: cualquier requisito de esa naturaleza tendría que estar previsto por la legislación, ser proporcional, aplicarse bajo criterios objetivos y respetar derechos fundamentales.
En Tamaulipas habrá ciudadanos evaluando a quienes buscan continuar en los ayuntamientos y a quienes pretendan llegar por primera vez al poder municipal. El elector tiene la última palabra. Pero para decidir necesita información confiable: obras realizadas, cuentas públicas, resultados, decisiones administrativas, cumplimiento de obligaciones y, sobre todo, hechos comprobables.
Sun Tzu escribió en El arte de la guerra sobre la importancia de la estrategia, el engaño y la percepción del adversario. Pero trasladar literalmente una obra militar a la democracia sería un error. Una elección no debería convertirse en una guerra donde el objetivo sea destruir al contrario, sino en una competencia en la que los ciudadanos puedan comparar capacidades, propuestas y resultados.
El reto será todavía mayor con la inteligencia artificial. Las herramientas capaces de fabricar imágenes, audios, videos y textos convincentes pueden convertir una mentira en un contenido aparentemente creíble en cuestión de segundos.
En 2027, por ello, la batalla electoral también será una batalla por la verdad.
Antes de compartir, hay que verificar. Antes de acusar, hay que probar. Antes de votar, hay que investigar.
Porque una democracia saludable no se construye con el candidato que grita más fuerte ni con el periodista que difama mejor. Se construye cuando ciudadanos, políticos, periodistas y actores sociales entienden que la palabra pública tiene consecuencias y que, frente a cualquier señalamiento, la pregunta fundamental debe seguir siendo la misma: ¿Dónde están las pruebas?
Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es agustin@noticiaspc.com.mx
* El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Pasante de la Licenciatura en Derecho, Periodista investigador independiente y catedrático.
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