Castigan reclutamiento criminal con hasta 25 años de prisión en México
La reforma reconoce como víctimas a menores reclutados por grupos delictivos; Blanca Narro respalda la iniciativa que deberá ser analizada por el Senado.
Por Redacción |NoticiasPC.com.mx |
Ciudad Altamira, Tamps.- El reclutamiento de personas para incorporarlas a organizaciones criminales podría castigarse con hasta 25 años de prisión, de acuerdo con una reforma federal respaldada por la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, que también establece el reconocimiento del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes como una forma de captación forzada.
La legisladora federal respaldó el dictamen que tipifica el reclutamiento criminal como un delito autónomo y modifica disposiciones relacionadas con la trata de personas y la justicia penal para adolescentes. La minuta fue turnada al Senado para continuar con el proceso legislativo.
“La niñez no puede seguir siendo utilizada como carne de cañón por las organizaciones criminales. El Estado tiene la obligación de protegerla y actuar desde el primer intento de reclutamiento”, sostuvo Narro Panameño.
De acuerdo con el dictamen, quienes inviten, induzcan, incorporen o recluten personas para integrarlas a grupos delictivos podrían recibir penas de entre 10 y 20 años de prisión. Cuando el delito se cometa mediante amenazas, intimidación, coacción, violencia física o moral, o abuso de poder, las sanciones aumentarían de 15 a 25 años.
La propuesta busca establecer herramientas jurídicas para perseguir la captación de personas con fines criminales sin que las autoridades tengan que esperar a que las víctimas participen en otros delitos para investigar el reclutamiento.
BUSCAN PROTEGER A MENORES CAPTADOS POR EL CRIMEN
En Tamaulipas, la problemática adquiere relevancia ante los reportes sobre adolescentes detenidos por delitos violentos y presuntos vínculos con organizaciones criminales. La información proporcionada para esta nota refiere más de 600 menores detenidos, aunque no precisa el periodo ni la fuente de ese registro.
A escala nacional, estimaciones atribuidas a la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ubican entre 145 mil y 250 mil a niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos. Entre los factores asociados se mencionan la violencia familiar, el abandono escolar y el control territorial ejercido por organizaciones criminales.
La diputada sostuvo que el tratamiento jurídico de los adolescentes captados por la delincuencia debe considerar las circunstancias en las que fueron incorporados a esas estructuras.
“Cuando un adolescente es reclutado por la delincuencia, no podemos limitarnos a juzgar sus actos sin investigar primero las condiciones en las que fue captado y reconocer su condición de víctima”, afirmó.
El dictamen también contempla obligaciones para el Ministerio Público, que deberá notificar a las procuradurías de protección cuando existan indicios de reclutamiento de adolescentes. Además, establece que su condición de víctimas deberá tomarse en cuenta dentro del sistema de justicia especializado.
La propuesta incluye medidas de asistencia para favorecer la recuperación y reintegración social de quienes hayan sido reclutados, así como la posibilidad de incrementar las penas hasta en una mitad cuando se presenten determinadas agravantes.
Entre estas circunstancias se encuentran la participación de servidores públicos o integrantes de corporaciones de seguridad, así como condiciones de vulnerabilidad de las víctimas.
CONGRESOS ESTATALES TENDRÁN PLAZO PARA ARMONIZAR LEYES
El decreto establece un periodo de 180 días naturales para que los congresos estatales armonicen sus legislaciones una vez que la reforma entre en vigor.
Sin embargo, la iniciativa aún debe completar el procedimiento legislativo correspondiente en el Senado y cumplir las etapas necesarias para su publicación y entrada en vigor.
Con estos cambios, la propuesta busca fortalecer la respuesta institucional frente al reclutamiento criminal y establecer mecanismos de protección para las personas captadas por organizaciones delictivas, particularmente niñas, niños y adolescentes.
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