Altamira: lugar donde se avala y encubre deficiencias de las constructoras

AGUSTIN PEÑA CRUZ | NOTICIASPC.COM.MX

ALTAMIRA, TAMPS.- En casi dos meses, se construyen al vapor cerca de mil casas en Altamira, un nicho de negocio de fraccionadores y el más fuerte en un territorio industrial donde resalta la migración de pobladores de otros Estados colindantes al tamaulipeco, cada vez es más notorio. Altamira es el municipio que avala y encubre las deficientes construcciones que se ofrecen a los moradores, donde las compactaciones de terreno están dudosas (asentamiento de agua en temporada de lluvia), las casas-habitaciones de casi cuatro niveles con “techo de nieve” (unicel) crecen rápidamente en número y las constructoras ofrecen sus condominios como el lugar idóneo para habitarlos, engañando al derechohabiente para que adquiera su vivienda “digna” apoyados por el subsidio que brinda el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

También resalta la decepción de muchos derechohabientes quienes ven el engaño demasiado tarde, abandonan sus viviendas, y éstas tiempo después se convierten en foco de atención para el hampa y la delincuencia del fuero común, el vandalismo de barrio.

Muy a pesar de que existe la Ley sobre el régimen de propiedad en condominio de bienes inmuebles para el Estado de Tamaulipas misma que entro en vigor el día 28 de mayo del 2003 siendo gobernador Tomas Yarringtón Rubalvaba y publicado en el Periódico Oficial número 70, de fecha 11 de junio de ese mismo año; está legislación es desconocida en su totalidad por el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Altamira, Carlos Armando Cervantes Morales.

En entrevista para Peña-Cruz, expresa pocas palabras, no habla mucho pero sus cortas respuestas dejan entrever lo que es visible para los ciudadanos, un caos en las construcciones de casas-habitaciones de interés social. El encuentro con el funcionario se realizó el 17 de marzo de este año en el restaurante El Asador de Altamira alrededor de las 11:30 de la mañana.

Al abordar a Cervantes Morales se le cuestionó ¿Cómo está el crecimiento o el desarrollo urbano en Altamira, vemos que se ha estado trabajando mucho en ese tenor? –Responde- Así es, ¿En qué sentido?.

Se le plantea nuevamente, vemos el crecimiento de empresas constructoras y fraccionamientos, se está incrementando el número de casas, ¿A qué cree que se deba?, el funcionario respondió desatinadamente, “pues a la demanda de empleo, esto se mueve en función de la dinámica, de crecimiento en los aspectos económicos, desplazamiento emergente, etcétera”.

Cervantes Morales respondía la mañana de aquel jueves, en un vaivén de enunciados sin fondo pensaría que Peña-Cruz desconocía la problemática social, ya que era la primera entrevista que le estaba efectuando. Sin embargo el funcionario reflejaba un desconocimiento total al tema o simplemente deseaba evadirlo. Se le ilustro el panorama de la siguiente manera: “Vemos que algunos asentamientos de fraccionamientos están en áreas bajas, por ejemplo en lo que respecta en la zona de arboledas, son lugares que se inundaban, lugares bajos, ahí como entra la dependencia a su cargo, que en este caso es desarrollo urbano y medio ambiente porque de cierta forma atañe a la ecología”.

El funcionario reviro: “bueno ahí son fraccionamientos que ya están (sin embargo se expanden y violan la ley publicada el 28 de mayo del 2003, como lo muestra la investigación gráfica que acompaña esta investigación), hechos con anterioridad, lo que se trabaja es en las obras de infraestructura que el municipio proyecta año con año para evitar inundaciones, algunas veces por falta de drenes por falta de limpieza, etc., hemos estado tratando los asuntos acudimos con los vecinos, tomamos sus acuerdos, citamos a los desarrolladores según sea el caso, se toman acuerdos para limpiar drenes cuando están obstruidos, o simplemente que falta una obras hidráulica.

¿En cuestión del crecimiento en nuevos fraccionamientos su dependencia considera estudios hidrológicos?, se le pregunta a Cervantes -a lo que respondió- “Son estudios hidrológicos, factibilidad, comisión federal, COMAPA, impacto ambiental, impacto urbano, por supuesto todos los estudios es una serie de requisitos que s ele piden a los desarrolladores.

¿Qué dice la ley de condominios en cuestión de los fraccionamientos, en que los constructores deben de estar dando mantenimiento hasta cierto tiempo, hasta liberarlos al Ayuntamiento, hay diversos problemas a los que se han enfrentado los habitantes?,  “Hay problemas porque no están organizados los vecinos, hay fraccionamientos que están muy bien organizados, fraccionamientos que no están organizados, que no tienen representatividad, regularmente los fraccionamiento son en régimen de condominio, su significado, su característica principal es que tienen muchas áreas en copropiedad, son dueños todos de las áreas comunes, áreas verdes, instalaciones, infraestructura, en algunos casos de la albercas como es el caso del fraccionamiento “Punta Laguna”. Entonces en este sentido debe haber un comité integrado de cada fraccionamiento con el tema de mantenimiento de esas áreas”, sentenció el funcionario con algunos desatinos.

¿Esto quiere decir que limita de cierta forma al gobierno entrar a esos fraccionamientos para poder contribuir en obra pública y/u obra social?, “no tanto como limitarlo sino que es una situación que se va tomando acuerdos, hay fraccionamientos muy antiguos que ya están terminados que ya no tienen nada que ver como fraccionamientos, como es el caso de “Fidel Velázquez”, ahí tiene que entrarle el municipio, los que están vigentes con algún pendiente, pues eso se hace un esfuerzo conjunto entre desarrollador y municipio, se toman acuerdos, dice.

¿Cuáles son los que están pendientes?, “por decir algunos de GEO que no se han entregado como es: Villa Náutico, Obeliscos, que tienen el tema pendiente de interconexión, Los Mangos, Arboledas, Jardines, Florida I, Florida II, esos que no están entregados porque no se ha entregado en cuestión de su infraestructura, ahí todavía hay la sinergia con el desarrollador para tomar acuerdos”, acepta el funcionario un grave problema en materia de desarrollo urbano debido a la falta y correcta aplicación de la Ley sobre el régimen de propiedad en condominio de bienes inmuebles.

En su momento, la regidora Agustina Mora comisionada de educación en el municipio externo públicamente que hacía falta consciencia de los constructores en cuestión de considerar escuelas en las construcciones de fraccionamientos, ¿Usted es de esa idea?, se le pregunta al funcionario. –a lo que respondió- “Es obligación del estado, el tema de infraestructura educativas; sin embargo, hay empresas que dentro de su área social o tema social traen consigo el ofrecimiento de escuelas, como es el caso de Aryve que en arboledas tiene compromisos, donde realizo algunas escuelas, desde luego arre basa(sic) el presupuesto del estado y es una forma de conciliar estos acuerdos que se toman entre municipio y estado, que inviertan en infraestructura educativa.

 

NORMATIVIDAD VIGENTE

La Ley sobre el régimen de propiedad en condominio de bienes inmuebles entrada en vigor el 28 de marzo del 2003 siendo en aquel entonces gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Rubalvacaba mismo que expide en la quincuagésima octava legislatura constitucional del congreso del estado libre y soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le confiere el artículo 58 fracción I de la Constitución Política del Estado, tiene a bien expedir el siguiente: decreto LVIII-335, así reza en el encabezado de dicha norma.

En el capítulo II de la ley en mención tiene el apartado, de la constitución, modificación y extinción del régimen de propiedad en condominio, y en el artículo 10 fracción II, señala lo siguiente: “(…) las autoridades en materia de desarrollo urbano del Municipio, así como las sanitarias estatales, han otorgado las autorizaciones, licencias, y permisos de: uso de suelo, de edificación, y de construcción respectivos, en su caso. Las licencias de construcción que expidan las autoridades mencionadas, no autorizarán la construcción o funcionamiento de condominios con un número mayor a 120 departamentos, viviendas, casas o locales”.

Mientras que la fracción IV especifica que: “La descripción general de las construcciones y de los materiales empleados o que vayan a emplearse, en su caso: altura máxima de edificación (niveles), remetimiento mínimo de la fachada respecto al límite de propiedad, porcentaje mínimo que deberá dejarse sin construcción en un terreno de uso privado, proporción máxima de superficie construida respecto a la superficie de terreno privativa, mínimo de espacios en el interior de cada terreno de uso privado para estacionar vehículos”.

La ley es clara y también pone en evidencia a los titulares que han estado al frente de las administración porque han avalado que fraccionadores realicen sus construcciones, y los problemas por lo que atraviesan los derechohabientes hoy en día en sus “casas” no es más que las consecuencias de las aprobaciones para la edificación de casi mil casas en menos de un mes.

Altamira es el territorio tamaulipeco que representa un nicho de mercado muy fuerte para constructores y fraccionadores pero también que prende focos rojos para la seguridad publica al convertirse las casas en refugio de malvivientes y que los índices de la delincuencia de fuero común vayan en aumento a pesar de los trabajos coordinados en los tres órdenes de gobierno para mermar la situación social por la que atraviesa cientos de familias.

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